Como es conocido por todos, la cuarentena a nivel nacional por cuenta del Coronavirus ha sido extendida nuevamente hasta el próximo 10 de mayo, la afectación económica que esto genera ha tocado todas las esferas de la economía global incluyendo por supuesto tanto a arrendadores como arrendatarios, dado que como la mayoría de los segundos se encuentran en imposibilidad de generar ingresos los primeros se han visto en la imposibilidad de recibir los cánones que normalmente les correspondería, hoy en Gestiones Empresariales López & James, descubra las disposiciones que se han tomado a nivel nacional para afrontar este problema.

El pasado 15 de abril, el gobierno expidió el decreto 579, con el cual se intenta dar una solución satisfactoria para ambas partes. La principal característica de este Decreto y por la cual es más recordado es la suspensión durante el periodo de vigencia, de todas las acciones de desalojo dispuestas por cualquier autoridad judicial o administrativa, sea un arrendamiento de vivienda o comercial, por lo menos hasta el próximo 30 de junio de 2020.  Así mismo, los incrementos anuales que se tuvieran que hacer efectivos entre la vigencia del decreto, serán pospuestos hasta la fecha ya mencionada.

Sin embargo, si bien lo anterior es la razón por la cual se conoce este decreto, su punto más importante se encuentra en el artículo 3, pues contiene las estipulaciones relacionadas con el pago de los cánones de arrendamiento. Al respecto, la recomendación del gobierno es que las partes son quienes deberán llegar a un acuerdo directo respecto a cómo serán pagado el canon de arrendamiento durante la vigencia del acuerdo, haciendo énfasis en que dichos acuerdos no podrán incluir intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones so sanciones provenientes tanto del contrato original como de la legislación vigente.

Sin embargo, de no llegarse a un acuerdo directo entre las partes, el Decreto también establece que dado ese caso será obligación del arrendatario pagar las mensualidades correspondientes al periodo ya mencionado con la condición de que aun que se presente mora en dicho pago el arrendador no podrá cobrar tanto intereses de mora como cualquier penalidad o sanción estipulada en la Ley.  Pese a lo anterior, en caso de haber mora en el pago el arrendatario si estará obligado a pagar al arrendador intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Financiera, sobre los montos no pagados en tiempo, durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el 30 de junio. En este caso, recordemos que los intereses corrientes difieren de los moratorios pues no se tratan de una sanción por incumplimiento, sino de una remuneración para el acreedor, en este caso, el arrendador.

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Sobre el autor:

Carlos Méndez es abogado, hace parte del equipo de Gestiones Empresariales López & James Bogotá y tiene experiencia en temas tributarios y de derecho laboral.

Idiomas: Español, Inglés y Japonés.